La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó recientemente Laken Riley Act, un proyecto de ley que ampliaría el alcance de la deportación de inmigrantes indocumentados acusados ​​de delitos no violentos como el hurto en tiendas. El proyecto de ley fue aprobado por 264 votos a favor y 159 en contra, con el apoyo de 48 demócratas que se unieron a los republicanos, lo que pone de relieve el creciente apoyo bipartidista a políticas de inmigración más estrictas, según el Texas Tribune.

Entre los demócratas que votaron a favor estaban Henry Cuellar y Vicente González, representantes de Texas, un estado históricamente impactado por problemas migratorios. El siguiente paso será una votación en el Senado, donde los republicanos, con 53 escaños, necesitarán ganar el apoyo de al menos siete demócratas para aprobar la medida.

La propuesta lleva el nombre de Laken Riley, una estudiante de enfermería asesinada en 2024 por José Antonio Ibarra, un inmigrante venezolano que había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y, meses antes del crimen, había sido arrestado por robar en un Walmart pero luego liberado. El caso de Riley se ha convertido en un símbolo utilizado por los legisladores conservadores para justificar la necesidad de leyes más duras contra los inmigrantes indocumentados, aunque los estudios muestran que los inmigrantes, en general, cometen delitos a un ritmo menor que los ciudadanos nativos. Según Alex Nowrasteh del Instituto Cato, la tasa de encarcelamiento de inmigrantes indocumentados en Georgia por homicidio es de 61 por cada 100.000 personas, menor que la tasa de 90 por cada 100.000 de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes legales. Nowrasteh sostiene que la evidencia no respalda la afirmación de que los inmigrantes indocumentados representan una amenaza desproporcionada a la seguridad pública, ni que las políticas de deportación masiva reducirían significativamente las tasas de criminalidad.

Aun así, el asesinato de Riley provocó una fuerte reacción política, lo que llevó a la Cámara de Representantes a aprobar el proyecto de ley, que ampliaría la aplicación de las leyes de inmigración al exigir que el Nowrasteh, do Cato Institute, a taxa de encarceramento de imigrantes US Immigration and Customs Enforcement (ICE) detenga a inmigrantes indocumentados acusados ​​de delitos menores. La legislación propuesta también permite a los fiscales generales estatales demandar al gobierno federal si las autoridades liberan a inmigrantes que ingresaron ilegalmente al país y luego cometieron nuevos delitos. Esto representa una expansión significativa de la autoridad estatal sobre la política de inmigración, tradicionalmente controlada por el gobierno federal.

El proyecto de ley ha generado una fuerte oposición por parte de los grupos pro inmigrantes y de la mayoría de los demócratas, que lo ven como una medida discriminatoria disfrazada de iniciativa de seguridad pública. Kerri Talbot, codirectora ejecutiva del Immigration Hub, calificó la propuesta como un uso político oportunista de una tragedia para impulsar una agenda antiinmigrante. Argumentó que el proyecto de ley “utiliza el sistema de justicia como un arma” para castigar desproporcionadamente a los inmigrantes por infracciones menores, destruye familias y empodera a los extremistas que quieren reformular la política de inmigración en líneas punitivas, según el Texas Tribune.

Actualmente, la ley ya permite la deportación de inmigrantes, incluidos los residentes legales permanentes, condenados por delitos graves o violentos, como posesión de drogas y conducir bajo la influencia del alcohol. Sin embargo, la Ley Laken Riley busca ampliar esta política para incluir delitos no violentos como el robo o el hurto menor, lo que según los críticos crearía un ambiente de persecución innecesaria contra inmigrantes que ya viven en situaciones vulnerables. Además, la propuesta refleja un cambio más amplio en el enfoque de Estados Unidos hacia la inmigración, alineándose con la agenda de inmigración de línea dura de Donald Trump, que incluye deportaciones masivas de millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.