Al día siguiente de la victoria de Trump, las acciones de las empresas penitenciarias privadas subieron, lo que puso de relieve las expectativas de que estas instituciones se expandirían para albergar a detenidos que enfrentan la deportación. Trump ha prometido amplias reformas migratorias, incluidas deportaciones masivas, militarización de la frontera, mayor vigilancia mediante inteligencia artificial (IA) y medidas enérgicas contra las ciudades santuario. Estos planes se apoyan en un creciente complejo industrial de vigilancia, que aprovecha la falta de regulación para explotar nuevas tecnologías, a menudo con consecuencias negativas para los derechos humanos, según un análisis publicado por Just Security.

Este análisis destaca que las tecnologías digitales, como los drones y los algoritmos, ya permean la gestión de la migración, dando lugar a violaciones de derechos como la privacidad y la igualdad. Además, la vigilancia empuja a los migrantes a tomar rutas más peligrosas, lo que aumenta la mortalidad en la frontera entre Estados Unidos y México. Si bien algunas de estas iniciativas son anteriores a Trump, su administración ha profundizado el uso de estas tecnologías, impulsada por una industria multimillonaria que a menudo ignora las salvaguardas éticas en nombre de las ganancias.

La creciente influencia de los ejecutivos de tecnología y de las asociaciones público-privadas en la Casa Blanca es otro punto que se plantea. Estas colaboraciones oscurecen la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo a las empresas desarrollar herramientas potencialmente dañinas. A pesar de los esfuerzos regulatorios, como la Ley de IA de la Unión Europea y las convenciones internacionales, el texto critica la insuficiencia de estas medidas para abordar los impactos humanos de las tecnologías en contextos de frontera. La administración Trump, aliada con los líderes de la industria tecnológica, ha mostrado poco interés en regular o priorizar los derechos de las poblaciones afectadas.

Es importante destacar una posible “guerra digital contra la migración”, donde las tecnologías de frontera se normalicen y prueben en espacios vulnerables, como el desierto de Sonora. Estas herramientas no se limitan a las fronteras, sino que también afectan la seguridad interna y amplían la vigilancia estatal a otras áreas de la sociedad. De este modo, el enfoque exclusivo en la innovación y las ganancias descuida las consecuencias éticas, reforzando las desigualdades y los riesgos para los derechos humanos a gran escala.