La postura del nuevo gobierno de Donald Trump sobre inmigración ha resultado en malestar en las relaciones con los gobiernos latinoamericanos, destacando su negativa a dialogar con líderes regionales sobre sus planes de realizar deportaciones masivas. Esta decisión ha causado preocupación entre líderes de países como México, Guatemala y Honduras, quienes buscan alternativas para enfrentar los posibles impactos sociales y económicos.

Los funcionarios latinoamericanos solicitaron reuniones con el equipo de transición de Trump, pero se les dijo que las discusiones detalladas solo se llevarían a cabo después de la inauguración, según un informe de Latin Times. Mientras tanto, Trump se prepara para emitir más de 100 órdenes ejecutivas, incluida la reactivación del Título 42, una medida que permite expulsiones rápidas de migrantes por razones de salud pública, así como políticas como el programa “Permanecer en México”. Su administración pretende utilizar todos los recursos federales disponibles para implementar una agenda agresiva de seguridad fronteriza y deportaciones.

Los gobiernos regionales enfrentan desafíos para responder a estas acciones. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, ha rechazado la idea de firmar un acuerdo de "tercer país seguro", mientras que la presidenta hondureña, Xiomara Castro, ha sugerido medidas drásticas como el cierre de una base militar estadounidense en su territorio si avanzan las deportaciones masivas. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su oposición a las políticas de Trump, pero ha indicado su voluntad de aceptar deportados bajo condiciones específicas.

Ante la falta de diálogo con el equipo de transición de Trump, los líderes latinoamericanos mantuvieron reuniones para buscar una respuesta coordinada a la inminente crisis. Las propuestas incluyen reuniones ministeriales para discutir las implicaciones de las políticas de inmigración de Estados Unidos. Mientras tanto, los analistas sugieren que la renuencia del equipo de Trump a negociar puede estar relacionada con  Logan Act, que impide a las futuras administraciones relacionarse directamente con gobiernos extranjeros antes de asumir el cargo, según la publicación.

El escenario refleja las tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y los países latinoamericanos, especialmente con la amenaza de aranceles y la presión para aceptar acuerdos de asilo. La situación pone de relieve la dificultad de construir un consenso regional y la complejidad de abordar los desafíos que plantean las políticas migratorias estadounidenses.