El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) ha intensificado su postura contra las llamadas jurisdicciones “santuario”, ordenando a los fiscales federales que investiguen y procesen a los funcionarios estatales y locales que obstruyan la campaña de deportaciones masivas planeada por la administración Trump. Esta medida, articulada por Emil Bove, fiscal general adjunto interino y ex abogado defensor de Trump, representa una escalada significativa en la ofensiva contra la inmigración ilegal apenas unos días después de que el expresidente asumiera el cargo, según un artículo de The Guardian.

La directiva requiere que los fiscales presenten cargos penales contra aquellos que presuntamente “albergan” a inmigrantes indocumentados u ocultan información sobre inmigración a las autoridades federales. Para coordinar esta acción, se creó un grupo de trabajo para identificar y desafiar las leyes locales que contradicen la política migratoriadel gobierno. Además, los casos de resistencia u obstrucción deben informarse inmediatamente a la dirección del Departamento de Justicia.

Esta postura de línea dura coloca a la administración Trump en conflicto directo con ciudades gobernadas por demócratas como Chicago, que recientemente endureció su política de no cooperación con el Immigration and Customs Enforcement (ICE). Mientras que algunas de estas jurisdicciones trabajan con las autoridades federales para transferir a los criminales graves a las autoridades de inmigración, otras argumentan que las deportaciones a gran escala debilitan a las comunidades locales y desalientan a los inmigrantes a denunciar los delitos, señala el informe.

La ofensiva es parte de una serie de medidas migratorias más amplias, incluidas órdenes ejecutivas que buscan restringir aún más los derechos de los inmigrantes y solicitantes de asilo. Entre ellas se destaca el intento de acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de inmigrantes, una medida que desafía interpretaciones constitucionales de larga data e inevitablemente será objeto de disputas legales.

Este endurecimiento de la política migratoria contrasta marcadamente con los esfuerzos anteriores de Joe Biden para regularizar el estatus de millones de inmigrantes indocumentados. Ahora, bajo la nueva administración de Trump, la prioridad ha sido expulsar a estos individuos, lo que pone de relieve un cambio drástico en el enfoque de la inmigración en Estados Unidos.