El aumento de los arrestos por inmigración ha llevado al gobierno de Estados Unidos a buscar formas de ampliar su capacidad de detención para cumplir la promesa del expresidente Donald Trump de realizar deportaciones masivas. Según un artículo de NBC News, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de Trump, dijo que ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement)  necesita 100.000 camas para detener a los inmigrantes, una cifra que es más del doble de su capacidad actual. En línea con esta estrategia, Trump ordenó al Pentágono y al Departamento de Seguridad Nacional que prepararen 30.000 camas en la Bahía de Guantánamo para aquellos considerados como la mayor amenaza a la seguridadnacional.

Los centros de detención, considerados la piedra angular del plan de deportación, enfrentan una realidad de cifras fluctuantes de aprehensiones. Si bien la administración Biden promediaba 282 arrestos por día en septiembre de 2024, datos recientes indican que, bajo las pautas de Trump, ese promedio ha llegado a 791 por día, lo que refleja la orientación de arrestar a la mayor cantidad de personas posible. Este esfuerzo se produce a pesar de un déficit presupuestario de 230 millones de dólares en ICE y sin la inclusión de recursos adicionales en Laken Riley Act, una ley que requiere la detención de inmigrantes indocumentados involucrados en ciertos delitos.

Además, el Congreso asignó fondos para apoyar una capacidad diaria promedio de 41,500 reclusos, un aumento respecto del año fiscal anterior, y el costo por cama es de aproximadamente $57,000 por año.

“Eso representó un aumento con respecto al año fiscal 2023, cuando el Congreso proporcionó fondos para detener a un promedio de 34.000 personas diariamente, con un costo de alrededor de 2.900 millones de dólares. La Cámara está en medio de un proceso para elaborar un proyecto de ley de presupuesto que incluiría dinero para Trump y su ofensiva contra la inmigración; Los republicanos del Congreso han estimado el costo en alrededor de 100 mil millones de dólares”.

Históricamente, el número de inmigrantes detenidos alcanzó un máximo de 50.000 durante el primer mandato de Trump, pero ha disminuido significativamente desde la llegada del Covid-19. La compleja red de detención involucra instalaciones federales, estatales, locales y en gran medida privadas, lo que pone de relieve la amplitud del sistema.

Si bien la administración Biden ha intentado ampliar la capacidad de detención, la administración Trump ya está utilizando alternativas, como el uso de instalaciones militares (por ejemplo, la Buckley Space Force Base, en Colorado) para procesar a inmigrantes con antecedentes penales. Esa postura ha llevado al Departamento de Justicia a investigar a los funcionarios locales que se niegan a cooperar con las autoridades federales de inmigración, una medida que contrasta con la postura de algunos estados, como Illinois y Nueva Jersey, que han limitado o prohibido la construcción de nuevos centros de detención.

Las críticas persistentes apuntan a las malas condiciones de estos centros, que incluyen falta de acceso a asistencia jurídica, atención médica insuficiente y problemas estructurales, como los observados en la sección de la bahía de Guantánamo designada para los detenidos interceptados en el mar. Los relatos de ex reclusos y del personal describen instalaciones en ruinas donde las familias con niños pequeños viven con adultos solteros y donde la comunicación con los abogados está severamente restringida. Los migrantes suelen permanecer en estas condiciones durante largos periodos, a la espera de que un tercer país acepte su repatriación, una situación agravada por la negativa de algunos países, como Cuba y Venezuela, según NBC.