El gobierno del entonces presidente Donald Trump inició una nueva etapa en su política de represión migratoria al autorizar la acción directa de tropas militares en la frontera sur de Estados Unidos. Según una publicación de Politico, por primera vez, cientos de soldados llevarán a cabo vigilancia activa en la región, y ya no actuarán únicamente en funciones de apoyo logístico para asumir un papel más cercano a la línea del frente. La operación incluye el uso de vehículos blindados de infantería Stryker, además del uso de equipos de visión nocturna para vigilar zonas abiertas, según revelaron responsables de Defensa implicados en la planificación.

Estos efectivos, pertenecientes a la 2ª Brigada de la 4ª División de Infantería, estarán desplegados especialmente en Texas y Arizona. Aunque la ley estadounidense prohíbe al personal militar arrestar a civiles o realizar funciones típicas de aplicación de la ley, los soldados estarán autorizados a realizar patrullas a pie y transportar agentes de la Patrulla Fronteriza a puntos donde la presencia de estos profesionales sea necesaria. Según el general Gregory Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, esta logística permitirá que agentes del orden estén presentes o en lugares cercanos durante las operaciones, permitiendo respuestas rápidas ante posibles incidentes.

El Ejército también informó que los soldados desplegados en la frontera estarán armados y podrán actuar en defensa propia si son atacados. El uso de tecnología avanzada y la presencia abierta de tropas son parte de un esfuerzo mayor para crear una zona de amortiguamiento a lo largo de la frontera. Esta zona de protección, que aún se encuentra en fase de evaluación, se establecería en terrenos federales ubicados en el estado de Nuevo México, bajo la jurisdicción del Departamento del Interior. El objetivo sería aumentar la vigilancia sobre el tráfico de migrantes e impedir su entrada a territorio norteamericano.

Sin embargo, la propuesta de zona de amortiguamiento plantea cuestiones jurídicas. La idea es que, al transformar estas franjas de tierra en áreas de protección militar, el gobierno pueda justificar la detención de migrantes con el argumento de que están invadiendo propiedad militar. Esta maniobra evitaría la necesidad de activar el Insurrection Act de 1807, una medida extrema que permitiría a las fuerzas armadas detener a civiles, pero que tiene una fuerte carga política y jurídica.

Los expertos jurídicos se muestran escépticos sobre la legalidad de la propuesta. Joseph Nunn, abogado del Centro Brennan para la Justicia y experto en el uso interno del ejército, sostiene que esta iniciativa representa una distorsión de la doctrina del “propósito militar”. Según él, se trata de un intento de eludir las restricciones legales impuestas por el Congreso para permitir a las fuerzas armadas desempeñar funciones de seguridad pública, que pueden ser impugnadas en los tribunales.

El movimiento de tropas y los planes para ampliar su papel en la frontera revelan la voluntad de la administración Trump de aprovechar al máximo los recursos militares para reforzar su política migratoria, incluso bajo críticas y posibles impases legales. El debate sobre los límites del uso de las fuerzas armadas dentro del territorio nacional, especialmente en temas tan sensibles como la inmigración, sigue abierto y es probable que siga generando controversias.