Desde que Donald Trump retomó la presidencia de Estados Unidos, su gobierno ha adoptado medidas cada vez más severas en materia de política migratoria, especialmente contra los inmigrantes que habían obtenido un estatus legal temporal bajo la administración de Joe Biden. Una de las estrategias más controvertidas reveladas recientemente implica el uso del “archivo maestro de defunciones” de la Administración del Seguro Social para incluir los nombres de personas vivas como si estuvieran muertas, bloqueando así sus números de Seguro Social. Esta maniobra afecta profundamente la vida financiera de los inmigrantes, a quienes se les impide acceder a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y beneficios gubernamentales.

Documentos analizados por The New York Times y entrevistas con personas vinculadas al proceso revelan que más de 6.300 migrantes ya tienen sus nombres ingresados ​​en este archivo. Inicialmente, los objetivos eran individuos considerados criminales o presuntos terroristas, pero las autoridades indican que el alcance de la medida podría ampliarse para incluir a otros inmigrantes en situación irregular. A nivel interno, altos funcionarios de la Seguridad Social han expresado su preocupación por la posibilidad de errores que podrían incluso afectar a ciudadanos estadounidenses, comprometiendo sus finanzas por error.

La medida es parte de una ofensiva más amplia coordinada por Trump, con el apoyo de Elon Musk y la recién creada Oficina de Eficiencia Gubernamental. Musk, un asesor cercano del presidente, ha estado impulsando teorías no probadas sobre fraudes que involucran a inmigrantes y beneficios de la Seguridad Social, e influyendo en cambios dentro de la agencia, que tradicionalmente no ha estado involucrada en la aplicación de las leyes de inmigración, según el informe del New York Times. En este contexto, varios altos funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (IRS) renunciaron después de que la agencia tributaria anunciara que ayudaría a localizar a inmigrantes indocumentados. Al mismo tiempo, los recortes presupuestarios y de personal en la Seguridad Social han dificultado la atención a los beneficiarios tradicionales, como los jubilados y las personas con discapacidades.

Otro aspecto relevante de esta nueva política es la colaboración sin precedentes entre el Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional, que permite compartir datos confidenciales, como direcciones e información personal de aproximadamente 98.000 personas. Esta apertura de datos representa una ruptura con las prácticas anteriores, en las que había una clara separación entre los servicios sociales y la aplicación de la normativa migratoria.

La administración Trump también está atacando directamente los programas implementados por Biden que permitieron a más de 1,4 millones de migrantes ingresar al país de manera legal y temporal por vía aérea o a través de la aplicación CBP One. Estos programas, que buscaban organizar y humanizar el proceso migratorio, están siendo desmantelados. Muchos de los que ingresaron con estatus legal temporal ahora corren el riesgo de ser deportados o de que se les revoquen sus permisos.

Finalmente, la implementación de esta nueva política incluye casos controvertidos, como el de los menores incluidos en la lista de observación, entre ellos un adolescente de tan solo 13 años. Este alcance ha generado temor dentro de las agencias involucradas. El gobierno, a su vez, justifica las medidas con el argumento de que está eliminando incentivos a la inmigración ilegal y cumpliendo las promesas electorales de Trump respecto a las deportaciones masivas.