Una investigación de ProPublica revela cómo una empresa comenzó como proveedora de servicios logísticos para festivales de música y se transformó en una pieza central de la infraestructura de detención de inmigrantes de Estados Unidos. En 2005, una reunión informal entre los fundadores de la empresa Deployed Resources y un ex empleado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) marcó el inicio de su conexión con el gobierno federal. A lo largo de los años, Deployed se ha adaptado a las cambiantes políticas de inmigración, beneficiándose especialmente durante la administración de Donald Trump, cuando recibió contratos de mil millones de dólares para establecer y operar instalaciones temporales en la frontera, según la publicación.

A medida que las políticas de deportación se intensificaron en el segundo mandato de Trump, la compañía ha desplazado sus servicios no sólo al alojamiento de inmigrantes recién llegados, sino también a la detención de personas que están a punto de ser deportadas. Este cambio implica adaptar sus tiendas de campaña temporales para su uso a largo plazo por parte de inmigrantes detenidos, lo que plantea preocupaciones sobre la seguridad, las condiciones de vida y el respeto de los derechos humanos en estas estructuras improvisadas. Ex empleados y expertos advierten que este nuevo rol requiere un nivel de sofisticación que va más allá de lo que las carpas pueden ofrecer, y destacan el alto costo que implica la operación.

Además, el informe revela las estrategias de Deployed para mantenerse relevante y rentable en la industria, como la contratación de ex funcionarios de alto rango del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que fortaleció sus vínculos con el gobierno y ayudó a asegurar nuevos contratos. A pesar de las críticas de los organismos de control por el desperdicio de fondos públicos y las acusaciones de mala gestión en los centros de detención, la empresa ha seguido ganando contratos cada vez más grandes, incluido uno reciente por un valor de hasta 3.800 millones de dólares para operar un campo de detención militar en Fort Bliss, Texas.

La publicación también destaca el papel de otras empresas privadas en el sector penitenciario, como GEO Group y CoreCivic, que ven las políticas migratorias de Trump como una oportunidad de expansión. A pesar de sus distintos enfoques del lobby político, todos comparten la estrategia de incorporar a ex funcionarios públicos para ganar influencia.

La actual política de inmigración de Estados Unidos ha impulsado la creación de una industria de detención, en la que empresas privadas como Deployed Resources se benefician de la creciente criminalización de la inmigración, a menudo a expensas de los derechos y la dignidad de los migrantes.