El gobierno del expresidente Donald Trump pretende intensificar su ofensiva migratoria con una polémica medida: aplicar multas diarias de hasta 998 dólares a los migrantes que permanezcan en Estados Unidos incluso después de recibir órdenes formales de deportación. Según el artículo de Reuters, si no se pagan los montos, el plan también prevé la posibilidad de embargar los bienes de esos inmigrantes, una acción que reaviva el debate sobre los límites legales y humanitarios de las políticas migratorias.

Los detalles están contenidos en documentos internos revisados ​​por Reuters. La medida se basa en una ley de 1996 poco utilizada, que se aplicó por primera vez en 2018, durante el primer mandato de Trump. Según un alto funcionario del equipo del expresidente, que habló bajo condición de anonimato, la nueva propuesta prevé una retroactividad de hasta cinco años, lo que podría llevar a multas acumuladas superiores a un millón de dólares en algunos casos.

Además de las multas, el gobierno está considerando confiscar activos de los morosos, una iniciativa que implica trabajar con agencias como Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Justicia, que podría activar su división de decomiso de activos civiles. Los migrantes afectados son en su mayoría parte de los aproximadamente 1,4 millones de personas que ya han sido objeto de órdenes finales de deportación por parte de los jueces de inmigración.

En una declaración, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que estas personas deben usar la aplicación CBP Home, antes conocida como CBP One, para organizar su salida voluntaria del país. “Si no lo hacen, afrontarán las consecuencias”, dijo, enfatizando la multa de casi 1.000 dólares por cada día de estadía indebida.

El plan está siendo coordinado desde la Casa Blanca, según mensajes internos obtenidos por la agencia. Una de las figuras centrales a la hora de impulsar su implementación sería Stephen Miller, asesor político senior y uno de los principales arquitectos de las medidas de inmigración más duras de la administración Trump.

Todavía no hay una fecha oficial sobre cuándo comenzarán a cobrarse las multas, según Reuters, pero la propuesta ya ha generado preocupación entre abogados, activistas e incluso funcionarios públicos. Un memorando de la CBP del 1 de abril señala que la agencia actualmente no cuenta con sistemas adecuados para procesar dichas sanciones y advierte sobre los altos costos y la necesidad de contratar a cientos de expertos legales para implementar el plan.

Los críticos temen que las sanciones afecten desproporcionadamente a las familias de bajos ingresos y a los hogares compuestos por ciudadanos estadounidenses e inmigrantes indocumentados, las llamadas “familias de estatus mixto”. Estimaciones del grupo FWD.us indican que alrededor de 10 millones de inmigrantes indocumentados viven actualmente en casas compartidas con ciudadanos o residentes permanentes, lo que podría hacer que los efectos de la medida sean aún más amplios y controvertidos.

Para Scott Shuchart, ex asesor principal de la agencia de inmigración ICE durante la administración Biden, la propuesta parece tener menos que ver con la aplicación efectiva de la ley y más con el uso del miedo como herramienta de disuasión. “El verdadero objetivo es enviar un mensaje intimidante a las comunidades inmigrantes”, dijo.

La administración Biden, al asumir el cargo en 2021, suspendió la emisión de estas multas y derogó las políticas relacionadas. Ahora, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, el restablecimiento de las sanciones sugiere una estrategia electoral centrada una vez más en la promesa de combatir la inmigración a gran escala, incluso si eso significa penalizar financieramente a quienes ya han vivido durante años bajo órdenes de deportación pendientes.