En Estados Unidos, la situación en los centros de detención de inmigrantes ha alcanzado niveles alarmantes. El hacinamiento, la falta de camas y la ausencia de condiciones básicas, como el acceso a baños, han convertido estas instalaciones en lugares inhumanos, donde se viola sistemáticamente la dignidad de las personas. En Miami, hay informes de inmigrantes detenidos en salas de conferencias sin baños; En Nuevo México, no todos pueden sentarse a comer; En Texas, las mujeres se ven obligadas a dormir en el suelo frío debido a la falta de camas.

Este es el caso de America Platt, según informa el Washington Post, una mujer de 29 años recientemente deportada a México —de donde había huido cuando era niña para escapar de un padre abusivo—, lo que ilustra el drama que viven muchos. Detenida tras ser detenida por una multa impaga, pasó noches sin dormir en el suelo antes de ser deportada, mostrando cómo incluso infracciones menores pueden llevar a los inmigrantes a condiciones degradantes.

El aumento de detenidos es un resultado directo de la política de la administración Trump de intensificar las deportaciones, lo que eleva la población bajo custodia de ICE a aproximadamente 48.000 personas, muy por encima de la capacidad financiada de 41.500 camas. Es alarmante que casi la mitad de estos detenidos no tienen cargos penales y, sin embargo, enfrentan condiciones comparables a las de las cárceles de máxima seguridad. Mientras tanto, las medidas de supervisión y control de calidad en las instalaciones fueron debilitadas por el propio gobierno, con el cierre de organismos de inspección, aumentando aún más la vulnerabilidad de estas poblaciones.

Según la publicación, pese a reconocer los problemas, ICE justifica que está trasladando detenidos entre centros y buscando expandir rápidamente su capacidad, incluyendo la firma de contratos millonarios con prisiones privadas y tratando de eludir la burocracia para abrir nuevas unidades. Sin embargo, la resistencia local y la falta de infraestructura adecuada hacen que este proceso sea lento y lleno de obstáculos.

Los legisladores demócratas ya han respondido, exigiendo el restablecimiento de los mecanismos de supervisión y denunciando que eliminar estas agencias compromete no sólo los derechos humanos, sino también la confianza pública en la gestión de la inmigración. El gobierno, por su parte, sostiene que la supervisión anterior sólo creó obstáculos al cumplimiento de la ley.

El escenario descrito revela un sistema sobrecargado que, bajo el pretexto de la seguridad, termina tratando a miles de inmigrantes —muchos de ellos sin antecedentes penales— como criminales peligrosos, privándolos de derechos básicos y exponiéndolos a condiciones precarias. En medio de una agresiva política de detención y deportación, la pregunta sigue siendo hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a sacrificar los principios humanitarios en nombre de una supuesta seguridad nacional.