El Congreso de Estados Unidos, con mayoría republicana en ambas cámaras, regresó del receso listo para comenzar a trabajar en un paquete de gastos que podría financiar una de las iniciativas más controvertidas de la administración Trump: los planes de deportación masiva. Se estima que el monto total oscilaría entre 175 mil millones y 345 mil millones de dólares, sumas que serían asignadas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al Departamento de Defensa y al Departamento de Justicia, con el objetivo de fortalecer las fronteras y ampliar significativamente la capacidad de expulsar inmigrantes de territorio estadounidense, según el informe de WOLA.

El avance de esta legislación es posible gracias al uso del mecanismo de reconciliación presupuestaria, una herramienta poco común en el Congreso que permite aprobar proyectos de ley por mayoría simple, sin necesidad del apoyo demócrata. Aunque la resolución presupuestaria recientemente aprobada aún no detalla los destinos exactos de los recursos, los números ya son impresionantes: la versión aprobada por la Cámara prevé US$90.000 millones para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) durante la próxima década, mientras que la versión del Senado prevé US$175.000 millones. Estas cifras, junto con los 100.000 a 150.000 millones de dólares destinados a defensa y los 110.000 millones de dólares destinados a la aplicación de la normativa inmigratoria, indican la escala monumental del proyecto republicano.

Los trabajos concretos comenzaron a finales de abril, cuando diferentes comités del Congreso empezaron a discutir paquetes específicos. El Comité de Seguridad Nacional considerará su parte del financiamiento del DHS, mientras que el Comité de Servicios Armados considerará el financiamiento de defensa, con énfasis en el papel militar en la expansión de las operaciones en la frontera entre Estados Unidos y México. El Comité Judicial, que se reúne a finales de mes, discutirá inversiones en actividades de control de inmigración.

A pesar de las cifras multimillonarias, existen dudas sobre la capacidad operativa real para realizar estas deportaciones a gran escala. ICE, la agencia central del gobierno para la remoción de inmigrantes, actualmente tiene menos de 6.000 agentes dedicados a la tarea, un número claramente insuficiente para una campaña masiva. Para llenar este vacío, la administración Trump podría recurrir tanto al personal militar en funciones de apoyo como a las fuerzas policiales estatales y locales, especialmente en los estados de Florida y Texas. Esto ocurre a través de los llamados acuerdos287(g), una especie de modelo de grupo de trabajo que permite a las autoridades locales colaborar con ICE. Cabe recordar que estos acuerdos habían sido rescindidos durante la administración Obama debido a acusaciones de discriminación racial, pero fueron reactivados bajo la actual administración.

El escenario esbozado revela no sólo un gigantesco esfuerzo de movilización financiera e institucional, sino también una apuesta política arriesgada: al invertir tanto en deportaciones y seguridad fronteriza, la administración Trump está asumiendo un compromiso que podría provocar fuertes reacciones sociales, políticas y jurídicas. Además, la reactivación de modelos controvertidos como el 287(g) reabre viejos debates sobre discriminación y derechos civiles, reavivando tensiones que, lejos de resolver el desafío migratorio, podrían amplificarlo aún más.