En los últimos días, la administración Trump dio marcha atrás y decidió reanudar el pago a los abogados de los niños migrantes no acompañados en Estados Unidos, cumpliendo con una orden judicial emitida por la jueza federal de California Araceli Martínez-Olguin. Esta asistencia jurídica había sido suspendida en marzo, dejando a miles de niños, muchos de ellos víctimas de trata de personas, sin apoyo para enfrentar los procesos de deportación. La suspensión abrupta obligó a las organizaciones a despedir personal y abandonar casos en curso, lo que provocó una reacción inmediata de los grupos de derechos humanos que emprendieron acciones legales.

Según NBC News, aunque el gobierno finalmente firmó un contrato modificado con el Acacia Center for Justice, que coordina más de 100 grupos para atender a unos 26.000 niños, la financiación sigue siendo incierta. Esto se debe a que una nueva propuesta legislativa presentada por los republicanos en la Cámara amenaza con eliminar esos fondos en el próximo presupuesto federal. La propuesta, según abogados y organizaciones de defensa, no sólo recorta la financiación histórica para los abogados de los niños desde 2009, sino que también les impone elevadas tarifas a ellos y a sus familias, incluidos 5.000 dólares para cruzar legalmente la frontera y hasta 8.500 dólares para formalizar patrocinios.

Los expertos en materia de inmigración y lucha contra la trata de personas advierten que este cambio tendría consecuencias devastadoras.

Mientras tanto, la Casa Blanca, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Comité Judicial de la Cámara de Representantes han permanecido en silencio público sobre el tema, sin responder a las solicitudes de comentarios, informó NBC. El debate ahora se centra en el Congreso, donde el futuro de los niños migrantes no acompañados en Estados Unidos pende de un hilo legislativo.