Un juez federal estadounidense ha bloqueado permanentemente el uso por parte de la administración Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, un dispositivo legal del siglo XVIII, para deportar a venezolanos acusados ​​de actividades delictivas en el sur de Texas. La decisión, dictada por el juez Fernando Rodríguez Jr., representa un severo revés a la estrategia de la Casa Blanca de emplear una legislación poco utilizada, originalmente creada para tiempos de guerra, como herramienta de su política migratoria contemporánea.

Rodríguez, quien fue nominado para el cargo por el propio Trump, argumentó en su fallo que el gobierno amplió indebidamente el alcance de la ley, cuyo propósito quedó limitado a individuos pertenecientes a naciones enemigas en escenarios de guerra declarada o invasión militar. La decisión refuerza la comprensión de la Corte Suprema de que a cualquier inmigrante venezolano bajo esta acusación se le debe garantizar el derecho a impugnar la deportación ante los tribunales.

Aunque se limita al Distrito Sur de Texas —que abarca ciudades como Houston y Brownsville—, la decisión podría influir en otras acciones pendientes en tribunales federales de diferentes estados, donde también se impugna la medida del gobierno. El juez señaló que los términos centrales de la ley, como "invasión" e "incursión depredadora", se refieren a acciones de fuerzas militares organizadas, no a supuestas actividades de bandas criminales como el "Tren de Aragua" de Venezuela, que Trump ha tratado de presentar como una justificación legal.

Según TheNew York Times, la opinión del tribunal también desestimó el argumento del Departamento de Justicia de que el Poder Judicial no tendría jurisdicción para evaluar el uso de la ley por parte del presidente. Rodríguez reconoció que la ley otorga amplios poderes al jefe del Ejecutivo, pero dijo que corresponde a los tribunales verificar si el uso de la norma cumple con sus límites legales. Sin embargo, el juez aclaró que no podía cuestionar la veracidad de las acusaciones de Trump sobre los supuestos vínculos de la pandilla con el gobierno venezolano, ya que se trataba de una prerrogativa política.

La decisión fue celebrada por defensores de los derechos civiles, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que ha liderado varias demandas contra el uso de la ley en otros estados.

Pese a la victoria judicial, la ACLU aún enfrenta el reto de repatriar a casi 140 venezolanos ya deportados a El Salvador bajo la ley, y que permanecen detenidos en una prisión de máxima seguridad del país. Se ha presentado una orden judicial en Washington para obligar al gobierno de Estados Unidos a devolver a estos inmigrantes y concederles el debido proceso.

Aunque el Departamento de Justicia se opone a la solicitud, la decisión del juez Rodríguez impone nuevos límites al alcance de las políticas migratorias de Trump y señala que, incluso con poderes ampliados en materia de seguridad nacional, el poder ejecutivo no es inmune al escrutinio legal cuando excede los parámetros establecidos por el Congreso.