La administración Trump ha iniciado una nueva fase en su política migratoria al procesar penalmente, por primera vez, a migrantes acusados ​​de violar una zona militar recientemente ampliada en la frontera sur de Estados Unidos. Al menos 28 personas han sido acusadas formalmente de invadir la llamada “Área de Defensa Nacional”, una franja de tierra de 60 pies de largo en el extremo sur de Nuevo México que ha llegado a ser tratada como parte de una instalación militar estadounidense. Según el Washington Post, además del cargo habitual de ingresar ilegalmente al país, los migrantes ahora enfrentan un nuevo cargo de violar las normas de seguridad militar, que puede duplicar las penas: hasta un año de prisión y multas de hasta 100.000 dólares, en contraste con los seis meses y 5.000 dólares previstos por el ingreso ilegal.

La iniciativa se da en medio de un reforzamiento de la presencia militar en la frontera, con miles de soldados y vehículos blindados enviados bajo la justificación de controlar los pasos irregulares y el narcotráfico, pese a que la mayoría de estas sustancias ingresan por puertos legales. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, estuvo en la región y advirtió que los migrantes que crucen la zona militarizada enfrentarán múltiples cargos, que podrían conllevar sentencias de hasta 10 años de prisión. Según él, se instalaron carteles en inglés y español para advertir sobre los riesgos de cruzar la zona restringida.

La medida provocó críticas de organizaciones de derechos civiles. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nuevo México calificó la militarización de la frontera como una amenaza al principio constitucional que prohíbe el uso de las fuerzas armadas en la aplicación de la ley civil. La abogada Rebecca Sheff advirtió que el papel militar ampliado crea un ambiente hostil para las comunidades locales, comparando la estrategia con el controvertido programa de seguridad fronteriza de Texas, según el informe.

Los abogados defensores públicos también han cuestionado los nuevos cargos, diciendo que sólo aumentan la presión sobre los migrantes ya vulnerables sin tener ningún impacto real en la prevención de los cruces.

La represión fronteriza es parte del plan del presidente Trump de llevar a cabo deportaciones masivas, prometiendo expulsar al menos a un millón de inmigrantes en el primer año de su nuevo mandato. Los expertos, sin embargo, evalúan que el objetivo será difícil de alcanzar, en un contexto de caída del número de incautaciones en la frontera desde que Trump asumió el cargo. La militarización de la frontera también ha generado preocupaciones sobre la seguridad de las tropas, tras la muerte de dos soldados en un accidente reciente en Nuevo México durante una misión de reconocimiento.

Mientras tanto, Trump está ampliando su estrategia con el envío de más recursos militares y la posibilidad de ampliar los centros de detención, incluso en la base de Guantánamo en Cuba. La intensificación de las acciones, aunque popular entre parte de su base política, ha intensificado el debate sobre los límites entre la seguridad nacional y los derechos civiles en Estados Unidos.