La administración Trump ha intensificado su ofensiva contra los inmigrantes, con especial atención a los niños que llegan solos a Estados Unidos. Según documentos internos de ICE (Servicio deInmigración y Control de Aduanas) e informes de defensores de inmigrantes, las autoridades han estado realizando visitas domiciliarias, oficialmente llamadas “controles de bienestar”, con el objetivo no solo de garantizar la seguridad de estos niños, sino también de recopilar información para procedimientos de deportación o incluso acciones penales contra los propios menores o sus patrocinadores legales.

Según TheGuardian, aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que las visitas son de naturaleza protectora, un documento de ICE revela una intención de inspección más amplia, incluida la búsqueda de evidencia de vínculos entre los niños o sus cuidadores con actividades criminales o redes de trata. Los críticos advierten que estas acciones representan una "separación familiar secreta" al criminalizar a las familias que acogen a menores y crear un clima de miedo entre las comunidades inmigrantes.

La política ha estado acompañada de otras medidas restrictivas, como el recorte de los servicios jurídicos para menores no acompañados y el restablecimiento del intercambio de datos confidenciales entre la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR) y el ICE. Bajo el nuevo mandato de Trump, ORR ha comenzado a informar a la agencia de inmigración sobre el estatus legal de los patrocinadores, allanando potencialmente el camino para su detención y deportación.

Casos recientes, como el de una niña de 16 años visitada por agentes federales en el estado de Washington, ilustran el impacto emocional de estas operaciones. Las organizaciones de apoyo han informado del pánico y el trauma que enfrentan los niños cuando son abordados sin previo aviso, por temor a perder sus hogares o ver a sus tutores detenidos.

Los expertos legales y defensores de los derechos humanos dicen que si bien existen casos de explotación o trata infantil, son excepciones, no la regla. La mayoría de los niños viven con familiares o cuidadores responsables. Aun así, la administración Trump está reforzando la narrativa de que existe un riesgo generalizado de trata, justificando un enfoque más punitivo y militarizado hacia la inmigración infantil, afirma la publicación.

El nombramiento de la ex agente del ICE Angie Salazar como directora interina de ORR simboliza el creciente entrelazamiento de las políticas de bienestar social y de control de la inmigración. Los críticos dicen que esta fusión amenaza los derechos fundamentales de los niños migrantes y convierte el proceso de recepción en otra herramienta para el control de la inmigración.

En medio de estos cambios, crecen los temores de que las nuevas medidas profundicen el trauma y la inseguridad que viven miles de niños y sus familias, en un escenario de endurecimiento de las políticas migratorias y erosión de las protecciones humanitarias en Estados Unidos.