Ante un escenario de mayor acceso a los debates sobre derechos humanos -especialmente aquellos provenientes de organizaciones y grupos de defensa- y ante el aumento de los flujos migratorios en los últimos años, existe una creciente preocupación por las situaciones de injusticia social y desigualdades de derechos entre los trabajadores en Estados Unidos, sean inmigrantes o no. En consecuencia, estos temas cobraron fuerza por su importancia y necesidad, centrándose en los derechos de las personas y trabajadores que migran buscando mejores condiciones de vida para ellos y sus familias. En este contexto, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desarrolló la Iniciativa de Reclutamiento Justo (Fair Recruitment Initiative/FRI) como respuesta a los desafíos encontrados durante los procesos de contratación y como una forma de garantizar que se cumplan cabalmente las normas laborales.

En Estados Unidos, el FRI ya se ha presentado como una realidad. Sin embargo, aún quedan grandes obstáculos por superar para que la implementación de esta iniciativa se produzca de manera satisfactoria, con el fin de hacer realidad los derechos de los trabajadores norteamericanos.

Fundamentos de la Iniciativa de Reclutamiento Justo

 La Iniciativa de Reclutamiento Justo(FRI) tiene como objetivo garantizar que las prácticas de contratación, tanto nacionales como internacionales, se basen en normas laborales desarrolladas a través del diálogo social y que promuevan la igualdad de género. Deben ser transparentes, estar efectivamente regulados, monitoreados y aplicados; proteger los derechos de todos los trabajadores, incluidos los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, previniendo la trata de personas y el trabajo forzoso; e informar y responder eficientemente a las políticas de empleo y las necesidades del mercado laboral, incluso para la recuperación y la resiliencia.

La estrategia operativa de FRI se basa en cuatro pilares. El primero es “Mejorar, intercambiar y difundir el conocimiento global sobre los procesos de contratación” mediante la producción y difusión de datos e investigaciones de calidad en áreas clave como la economía del cuidado, la agricultura, la construcción, el transporte y los servicios; desarrollando, a partir de estos datos, herramientas innovadoras. También pretende resaltar los estándares de contratación justa de la OIT en las agendas globales y regionales, promoviendo innovaciones piloto, así como la formación y el desarrollo de habilidades en cooperación con el ITC-OIT, adaptando materiales a las necesidades emergentes y aumentando el acceso público a la información sobre prácticas de contratación abusivas y sus impactos. El segundo pilar se basa en “Mejorar las leyes, las políticas y su aplicación para promover una contratación justa” y esto se hace, en principio, mediante la adopción e implementación de leyes y políticas nacionales en consulta con los interlocutores sociales, para apoyar la creación de empleo y proteger a los trabajadores. Además, el objetivo es aumentar el número de países con sistemas de control de la contratación para monitorear las violaciones y brindar soluciones efectivas, ya sea a través de acuerdos laborales bilaterales alineados con los estándares de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o el diálogo social entre organizaciones laborales y empleadores en el área de reclutamiento. Finalmente, este pilar busca fomentar la ratificación de las normas laborales internacionales relevantes para la contratación justa. El penúltimo pilar consiste en “Promover prácticas comerciales justas” aumentando la conciencia y el acceso al conocimiento, orientación y herramientas para empresas y empleadores en las redes de la OIT; todo ello con el fin de cambiar las prácticas de contratación con perspectiva de género e implementar las directrices de la OIT. En este sentido, se mejorará el acceso a herramientas específicas para realizar la debida diligencia sobre prácticas de contratación justas, así como el compromiso de las agencias de contratación privadas y de los servicios públicos de empleo con prácticas de contratación éticas. El cuarto y último pilar se resume en “Empoderar y proteger a los trabajadores” con concienciación y acceso sindical a conocimientos, orientación y herramientas para aumentar la representación de los trabajadores migrantes, además de ampliar las actividades sindicales para promover la contratación justa, en cooperación con organizaciones de la sociedad civil. También tiene como objetivo proporcionar a los trabajadores información independiente y comprensible sobre sus derechos y obligaciones en materia de contratación, incluido el acceso a la justicia y a las intervenciones, para que los trabajadores puedan acceder efectivamente a una compensación.

Todas las directrices de la Iniciativa de Reclutamiento Justo se basan en varios estándares internacionales establecidos por la OIT, incluidos convenios y recomendaciones que guían las prácticas de contratación justa. Algunas de estas normas principales son: la Convención sobre Trabajadores Migrantes (C97); la Recomendación sobre los trabajadores migrantes (R86), un complemento de la C97; la Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares (C143); la Recomendación sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos (R201); y el Protocolo de la OIT sobre trabajo forzoso (P29) y la Recomendación (R203). Con base en todos los lineamientos ya mencionados, así como los estándares, la Organización Internacional del Trabajo trabaja con gobiernos, empleadores, sindicatos y otras partes interesadas para promover el desarrollo de capacidades y capacitación en el tema y el posterior seguimiento y presentación de informes.

Escenario de Estados Unidos

En 2024, el mercado laboral de Estados Unidos presentó un récord: 8,5 millones de nuevas ofertas de empleo. Sin embargo, el país tenía 6,5 ​​millones de desempleados. Al mismo tiempo, millones de estadounidenses están renunciando a sus puestos de trabajo; muchos no planean regresar al mercado laboral, la inmigración se está desacelerando y los jóvenes están más ocupados mejorando sus habilidades que ingresando almercado. Este es el escenario actual del mercado laboral de Estados Unidos según la Cámara de Comercio, y denota un momento de inflexión para la economía nacional.

Con la pandemia de COVID-19 y el momento conocido como la “Gran Renuncia”, los trabajadores estadounidenses se encuentran en un momento delicado en sus relaciones laborales. Al mismo tiempo, a medida que los costos de vida, como los alimentos y el alquiler, aumentan considerablemente, los salarios y los derechos laborales se reducen constantemente en las legislaturas de la nación, como viene ocurriendo en Florida y en los tribunales de Texas. Esto se produce en un contexto de conflicto entre los republicanos y la Casa Blanca, con el presidente Biden queriendo poner en la agenda más propuestas beneficiosas para los trabajadores, como proyectos que están estancados en el Congreso. En otras palabras, el país ha estado enfrentando un momento de inflexión en sus relaciones laborales, y la adopción de la OIT podría traer beneficios y respeto de los derechos laborales para la clase trabajadora.

La adhesión de Estados Unidos al FRI

 En sus palabras de apertura en la Tercera Ministerial sobre la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken,anunció que Estados Unidos se une al Comité de Reclutamiento Justo de la Iniciativa (FRI) de la OIT y su Comité Consultivo. Esta decisión subraya el compromiso de Estados Unidos de promover la agenda de Contratación Justa y contribuir al esfuerzo global para garantizar prácticas de contratación justas y proteger a los trabajadores migrantes de la explotación y el abuso. Antony Blinken también alentó a otros países a unirse a la Iniciativa de Reclutamiento Justo.

Al unirse al Comité Asesor, Estados Unidos será parte del organismo tripartito compuesto por representantes de gobiernos, interlocutores sociales y agencias de desarrollo y puede desempeñar un papel crucial en la orientación de la implementación de la Iniciativa de Reclutamiento Justo. Procedentes de diversos contextos regionales, los miembros del Comité deben utilizar sus experiencias y perspectivas para identificar prioridades, abordar desafíos comunes y proponer estrategias efectivas.

Implementación y desafíos

 La implementación de la Iniciativa de Reclutamiento Justo en Estados Unidos, como es de esperarse dada la complejidad del escenario en el que opera, ha enfrentado desafíos que van desde el ámbito legal y operativo hasta el social y económico. En el sentido de los impasses enfrentados en la primera de las áreas mencionadas, la dificultad surge, en primer lugar, en la variación legal que existe de un estado a otro y de una ciudad a otra, lo que requiere la adaptación de las prácticas de contratación por parte de los empleadores. Por lo tanto, hay una variedad de leyes a seguir, no son nada infrecuentes los casos de contradicción, donde las leyes de diferentes niveles entran en conflicto. Al analizar el procedimiento operativo, se entiende que los procesos de contratación, en su forma literal, enfrentan desafíos al tener que adaptar sus actividades de selección (entrevistas y formularios) a políticas de Reclutamiento Justo.

Los desafíos que enfrenta la sociedad, a su vez, varían entre aspectos culturales, económicos y comunicacionales. En primer lugar, se entiende que los desafíos culturales son, entre otros, el estigma social en relación con los antecedentes penales en el momento de la contratación y durante las interacciones en el trabajo, y el cambio interno en la mentalidad de los entornos laborales, con el fin de combatir los prejuicios y facilitar la integración y respeto entre todos. Los obstáculos económicos, a su vez, pueden resumirse en costos adicionales gastados en capacitación e implementación de políticas de contratación justa y, en un sentido más amplio, en el cálculo de riesgos. El riesgo percibido es el calculado como una forma de predicción y garantía en caso de que la contratación de personas que presenten un mayor riesgo –como es el caso de aquellos con antecedentes penales– implique alguna pérdida de productividad o seguridad. Finalmente, los desafíos de la comunicación radican en que se debe garantizar su efectividad a través de una inclusión constante, y en que es fundamental que se implementen mecanismos para monitorear esta efectividad.

La realidad del trabajo en Estados Unidos

 Hablar de contratación justa y de iniciativas que respeten los derechos laborales, especialmente de las personas que migran a Estados Unidos, también puede encontrar resistencias frente a cuestiones que se están debatiendo en la situación estadounidense. En los momentos previos a las elecciones de noviembre de este año, el tema de la inmigración alcanzó el nivel de los temas más importantes de la campaña. Con el aumento del conservadurismo de derecha y del discurso xenófobo antiinmigración, y el consiguiente proceso de caída de la inmigración, datos fácticos como la dependencia histórica de las empresas estadounidenses de la mano de obra inmigrante no se tienen en cuenta o son una fuente desconocida para la mayoría de la población.

Federico Mandelman, economista y asesor de la Fed de Atlanta, publicó con sus colegas un estudio que analiza el impacto de la prolongada disminución de la inmigración poco calificada desde 2007 hasta la pandemia de COVID-19 en la economía estadounidense.

El estudio, titulado “Slowdown in Immigration, Labor Shortages, and Declining Skill Premia”, vincula la reducción de la fuerza laboral inmigrante con los aumentos salariales para los trabajadores poco calificados, la disminución del progreso educativo de los jóvenes estadounidenses y la escasez de trabajadores para empleos poco cualificados que no pueden subcontratarse. A pesar de cumplir con las pautas de contratación justas, estas características de la mano de obra migrante contribuyeron a la inflación, desalentaron la educación superior entre los trabajadores jóvenes y dieron como resultado una economía desequilibrada.

Históricamente, Estados Unidos y México han mantenido acuerdos que permiten a los trabajadores mexicanos ingresar para trabajos estacionales, beneficiando a ambos países. Sin embargo, a partir de 2007, la Gran Recesión y la mejora de la economía mexicana redujeron la oferta de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos. La disminución de la inmigración se debió en parte a la falta de empleos en el país, y en parte a la mejora de las condiciones económicas en México.

A medida que se recuperó el mercado laboral posterior a la recesión, los empleadores aumentaron lentamente los salarios para atraer trabajadores a empleos poco calificados, pero la escasez de inmigrantes persistió, lo que contribuyó a la inflación. Además, el estudio sugiere que la disminución de la inmigración puede haber llevado a los jóvenes estadounidenses a evitar la educación universitaria debido al aumento de los salarios en trabajos poco calificados. A partir de esta realidad, el país experimentó un cambio en el perfil de los inmigrantes, con un aumento de la migración procedente de varias partes del mundo, entre ellas Senegal, Ucrania, Venezuela, Centroamérica, Cuba y Haití.

Por lo tanto, existen múltiples factores a analizar a la hora de esbozar consideraciones sobre el futuro de la fuerza laboral y la migración. La disminución de las tasas de fertilidad en México y Centroamérica podría reducir aún más el número de trabajadores inmigrantes a Estados Unidos, impactando el mercado laboral.

La adhesión de Estados Unidos a la Iniciativa de Reclutamiento Justo propuesta por la OIT representa un paso necesario para promover una contratación que respete los derechos de los trabajadores, como consideración primordial de sus necesidades, ya que esta fuerza laboral es necesaria y esencial para la economía de Estados Unidos, cuya población está experimentando un envejecimiento crítico, entre otros factores.

Como se mencionó anteriormente, existen algunos desafíos encontrados durante el proceso de implementación de esta estructura de reclutamiento, lo que implica la necesidad de resolución y la posibilidad de transformar el mercado laboral en los Estados Unidos.