Es ampliamente conocido que, históricamente, Donald Trump —elegido presidente de Estados Unidos por segunda vez— ha presentado actitudes y discursos extremistas hacia los extranjeros que han migrado al país. En la última disputa electoral no fue diferente y, en el año 2025, Trump asume la regencia de la Casa Blanca junto a un cargo que refuerza la promesa de deportación masiva de inmigrantes indocumentados –quienes contribuyen, según estimaciones, con 11 millones de personas para la composición poblacional de EE.UU.

Tomar tal medida puede parecer atrevida, pero el presidente recién elegido no parece ver ningún impedimento, habiendo ya indicado su intención de hacer la frontera “fuerte y poderosa” utilizando el ejército y la declaración de un estado de emergencia nacional. Trump también parece no escatimar esfuerzos en lo que se refiere a inversiones económicas y logísticas en su plan para llevar a cabo “el mayor esfuerzo de deportación en la historia del país”, como le dijo a NBC News en noviembre del año pasado: “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos otra opción". (traducción libre). Para medir —en términos financieros—, dada la magnitud y complejidad del plan de Trump, el grupo de defensa de los inmigrantes American Immigration Council ha estimado que costaría 968 mil millones de dólares deportar a 13 millones de inmigrantes de Estados Unidos en poco más de una década.

Todavía hay mucha incertidumbre sobre la aplicación efectiva de las medidas previstas a una escala sin precedentes, lo que hace necesario preguntarse, antes de pasar al análisis de los actores posiblemente afectados, qué piensan los propios estadounidenses. El apoyo popular a las promesas de campaña de Trump ya era significativo desde el comienzo del período electoral, pero el escenario actual no parece diferente: una encuesta aplicada a ciudadanos estadounidenses por YouGov a finales de noviembre pasado indica que la mayoría absoluta –específicamente el 57%– de los encuestados apoya el plan de deportación masiva de la nueva administración, mientras que el 43% no está de acuerdo. Entre los republicanos, el índice de aprobación es aún mayor, con 85 de cada 100 aprobando –según datos de Ipsos e Scripps News– y, aunque el descontento con la inmigración ilegal no es nada nuevo entre los simpatizantes del Partido Republicano, se observa que el apoyo actual de sus votantes a favor de medidas de combate es el más alto en poco menos de tres décadas.

Sin embargo, esta fuerza animadora no es estática y la opinión popular puede cambiar a medida que las políticas se observan en la práctica. Basado en una investigación realizada por Ipsos, destacando las condiciones impuestas y las posibilidades potencialmente enfrentadas durante la aplicación de la deportación masiva, el espectro de opinión se vuelve tenue y el apoyo entre los estadounidenses disminuye considerablemente, como lo ilustra el siguiente gráfico (traducción a continuación)

(consideremos, a partir de una traducción libre, que, en el lado izquierdo, siguiendo la dirección horizontal y la dirección de arriba hacia abajo, las oraciones interrogativas que se refieren a la pregunta “¿En qué medida apoya o se opone?” son: 1. “ la deportación masiva de inmigrantes indocumentados” / 2. “la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, incluso si resulta en que menos personas paguen por la seguridad social y la atención médica” / 3. “la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, incluso si el mercado laboral se ve afectado negativamente” / 4. “la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, incluso si esto resulta en precios más altos para los bienes” / 5. “la deportación masiva de inmigrantes indocumentados inmigrantes, incluso si esto tiene como consecuencia la separación de familias”).

Detrás del plan de deportaciones masivas

Una propuesta feroz y divisiva que viene de una personalidad despiadada como Donald Trump no es imprevisible, sobre todo cuando se conoce su retórica conservadora y reaccionaria, de modo que la decisión de implementar deportaciones masivas refleja una combinación de estrategias y compromisos ideológicos que conforman su identidad política. Como es el caso de sus opiniones críticas hacia los inmigrantes en Estados Unidos. Desde 2016, en sus promesas de campaña, el presidente pretendía tomar medidas estrictas contra los inmigrantes indocumentados –lo que hizo, por ejemplo, a través de la construcción (interrumpida por el gobierno posterior) del emblemático muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Incluso en su primer mandato, Trump implementó prácticas controvertidas, como separaciones familiares y operaciones de deportación; En 2024, su objetivo es intensificar estas medidas con menos flexibilidad.

El enfoque de Donald Trump en la inmigración y la aplicación estricta de las leyes contra los inmigrantes indocumentados atrae a votantes preocupados por la seguridad fronteriza y los impactos económicos y sociales de la inmigración ilegal. Además, para dinamizar su base de partidarios y llegar a los votantes de inclinaciones conservadoras, el presidente recién elegido utiliza una retórica como la seguridad nacional y el lema “Estados Unidos primero” (“America First”). En cuanto a la seguridad nacional, Trump asocia constantemente la inmigración ilegal con problemas de seguridad pública —como pandillas, crimen, violencia y tráfico de drogas— con la justificación de que relajar las políticas migratorias hace al país vulnerable a amenazas externas. Estas “amenazas” comprenderían un espectro que va desde el terrorismo, en su forma literal, hasta la supuesta calamidad detrás de la relación laboral de un inmigrante –argumento que ayuda a justificar la defensa del lema “America First”, en el que se incluye la idea que la inserción de inmigrantes en el mercado laboral del país generaría la ocupación de puestos de trabajo originalmente “destinados” a los nativos americanos, promoviendo la competencia y la caída de los salarios. Son narrativas como estas las que permiten fortalecer al Partido Republicano y permitir que la población consienta medidas muchas veces extremas.

Políticas de deportación masiva y sus consecuencias generales

Para el nuevo mandato de Donald Trump se ha estructurado un nuevo plan de deportaciones (en relación a su mandato anterior), que pretende retornar anualmente a sus países de origen a más de un millón de personas en situación irregular –con especial foco en América Latina-. poblaciones que representan la mayoría de los inmigrantes indocumentados. El número de deportados es casi cuatro veces mayor que en el primer semestre.

En 2017, cuando fue elegido por primera vez, Trump desarrolló políticas anti inmigratorias y expulsó a miles de personas que se encontraban ilegalmente, siendo una de las medidas más notables el intento de poner fin al programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), que tenía como objetivo proteger a los "dreamers" (es decir, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños). Esta vez, para continuar con medidas anteriores, la figura republicana tiene previsto implementar políticas aún más restrictivas para controlar el flujo migratorio, además de ampliar las prioridades de deportación desde el primer día de su gobierno. En este sentido, la reanudación de la construcción de muros —legales y físicos— en la frontera con México también se convirtió en foco de discusión. Además, el mandatario manifestó que utilizará a la Guardia Nacional y otras fuerzas militares para llevar a cabo la expulsión, además de pretender aumentar los recursos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para lograr su objetivo de realizar la deportación en masa a un ritmo más rápido.

Aunque su toma de posesión está prevista para el 20 de enero de 2025, el recién electo presidente ya ha tomado medidas estratégicas para llevar a cabo su nuevo mandato; Thomas Homan, por ejemplo, fue nombrado “zar de la frontera” y liderará la operación, habiendo ya trabajado en la zona durante su primer mandato en el Estado de Texas. Además, para el próximo plan de deportaciones del gobierno, el congresista de Texas Dan Crenshaw afirmó que los inmigrantes criminales serán una prioridad en la implementación de las nuevas políticas.

En cuanto a la ocurrencia de deportaciones masivas, hay una serie de consecuencias –tanto para los inmigrantes como para el Estado- que se pueden analizar: en primer lugar, como es de esperarse, los próximos cuatro años, aunque todavía inciertos, auguran una caída en la calidad de vida de los inmigrantes en suelo norteamericano, si los planes del presidente. Entre ellos hay alrededor de 200.000 brasileños, cuyos nombres integran la lista de prioridades ya estructurada para la deportación.

Además de promover un escenario hostil en el que los inmigrantes se ven obligados a regresar a sus países de origen y se ven obligados a renunciar a todo lo que han construido hasta entonces, las políticas de deportación terminan afectando directamente a muchas familias, especialmente a las latinas que son mixtas, es decir, compuesta por individuos con diferentes estatus migratorios y de nacimiento). En un caso como la separación familiar por inflexibilidad en las medidas de deportación, por ejemplo, se observarán rupturas comunitarias y, específicamente, la separación de hijos ciudadanos estadounidenses por nacimiento de sus padres o tutores con estatus migratorio, ocasionando pérdida de estabilidad, entre otros, familiares, emocionales y psicológicos.

Si consideramos, por otro lado, la logística detrás del plan ideado por Trump, se entiende que la expansión de las deportaciones podría sobrecargar el sistema de tribunales de inmigración (que naturalmente tiene limitaciones). Otro obstáculo surge cuando entra en juego la cuestión del apoyo civil y organizativo a las acciones del gobierno, ya que muchas ONG y activistas de derechos humanos lucharán contra la política de deportaciones masivas. Además, para lograr el resultado esperado, sería necesaria una gran inversión en recursos, que podría alcanzar decenas de miles de millones de dólares si se incluyen procesos, transporte y alojamiento temporal. La cobertura mediática también crearía impasses debido a informes de expulsiones y separaciones de familias, afectando directamente las relaciones entre naciones al generar tensiones en el escenario internacional.

Por lo tanto, se esperan nuevas declaraciones del presidente y sus partidarios para el próximo mes. Jason Leverant, presidente de una gran empresa de contratación estadounidense, dijo: “Ahora estamos jugando a largo plazo, el dolor se sentirá y veremos escasez, desaceleraciones y retrasos en todos los frentes”.

Dicho esto, se entiende que las propuestas de deportación masiva del nuevo gobierno de Donald Trump representan un hito divisivo en la política migratoria de Estados Unidos, trayendo implicaciones significativas para los individuos, las comunidades y el propio Estado. Aunque el plan se basa en promesas de campaña justificadas por argumentos de seguridad nacional y proteccionismo económico, su implementación es controvertida debido a cuestiones éticas, logísticas y humanitarias. Además, el impacto potencial sobre las comunidades familiares y la economía del país sugiere desafíos que van más allá del discurso político y requieren una reflexión más amplia sobre sus repercusiones. Al mismo tiempo, las consideraciones dentro de la sociedad estadounidense pesarán mucho sobre la viabilidad y aceptación de estas políticas, y aunque el apoyo entre los votantes republicanos es considerable, las divisiones en la opinión pública y la oposición de los activistas pueden dar forma al debate y disminuir la intensidad de las medidas extremistas durante todo el término. Así, el desarrollo de estas acciones no sólo pondrá a prueba los límites de la segunda administración de Trump, sino que también reafirmará la lucha entre ideologías contrastantes sobre inmigración e identidad nacional en Estados Unidos, especialmente cuando se dirigen al pueblo latino.