Una de las figuras políticas más caricaturizadas de la historia mundial fue, sin duda, Luis XIV, rey de Francia durante más de 70 años. Siendo el monarca que da forma a la noción actual de lo que era el absolutismo, el llamado “Rey Sol”, en referencia al uso de la estrella como símbolo de la monarquía francesa, Luis XIV gobernó como principal autoridad de su país, centralizando prácticamente todo el poder en sus manos.

Aunque en aquel momento no existía la tradicional separación de poderes, hay un líder contemporáneo que está adquiriendo características similares a las francesas, atacando parte de la estructura estatal de su país y construyendo una visión personalista de sí mismo: Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Desde que asumió el cargo el 20 de enero de este año, Trump ha adoptado una postura diferente a la de su primer mandato ante las demandas del país, mostrándose combativo con instituciones o políticos de oposición y construyendo una imagen propia que sitúa su autoridad por encima de otros poderes. En este sentido, ¿cómo podría afectar este proyecto del “Presidente Sol” a la población estadounidense, especialmente a los latinos?

La semana pasada, un caso llamó la atención de los medios sobre la política de deportación más intensa de la Casa Blanca, que involucraba al juez federal James Boasberg. En resumen, la Casa Blanca invocó la “Alien Enemies Act” de 1798 para acelerar las deportaciones en Estados Unidos. Aprobada hace más de dos siglos, esta ley fue utilizada algunas veces por el gobierno estadounidense, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, contra estadounidenses de origen japonés, alemán e italiano, facilitando su deportación o encarcelamiento. En otras palabras, esta legislación se aplica contra individuos que representan una amenaza para el gobierno o la población estadounidense, una característica controvertida a definir. De esta manera, con el objetivo de cumplir su promesa de campaña, Trump utilizó la ley para acelerar la deportación de personas, siendo el caso más reciente el de venezolanos presuntamente vinculados a la pandilla “Tren de Aragua”, enviados a El Salvador. En la disputa, Boasberg impidió que el ejecutivo utilizara la ley, destacando la necesidad de un análisis interno más profundo antes de una deportación rápida. Sin embargo, la reacción de Trump y su gabinete fue enérgica.

En una declaración explosiva, Tom Horman, el llamado “zar de la frontera” de la administración Trump, dijo que “no le importa lo que piensen los jueces”, insinuando el rechazo de la Casa Blanca a la decisión de Boasberg. Además, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, dijo que el juez no tenía “base legal” para impedir el vuelo, porque cuando se dictó la orden, el avión con los deportados ya estaría fuera del espacio aéreo de Estados Unidos. Trump también adoptó una retórica pidiendo la destitución de Boasberg de su cargo, destacando una pregunta sin precedentes: ¿hasta dónde llegan el poder del presidente y sus órdenes ejecutivas?

En una entrevista organizada por la Universidad de Michigan, el profesor de Ciencias Políticas Mitchel Sollenberger analizó las intenciones de Trump antes de asumir el cargo este año, en cuanto al uso de muchas órdenes ejecutivas. Además de resaltar que otros presidentes recientes ya han aprovechado este poder ejecutivo para poner en práctica sus agendas, como Barack Obama y George W. Bush, el profesor destaca que esta práctica encaja en una cultura presidencial que se inició con Teddy Roosevelt y Woodrow Wilson, quienes defendieron un mayor poder ejecutivo en relación con el ámbito legislativo y judicial. Unos años después del mandato de Wilson, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt, primo quinto de Teddy Roosevelt, fue elegido cuatro veces para la presidencia y utilizó muchos poderes ejecutivos durante la guerra para garantizar sus acciones y su gran New Deal. Sin embargo, como evidencia Sollenberger, Trump tiene un discurso que resalta la importancia de las órdenes ejecutivas para su gobierno, algo que, combinado con su visión conservadora y extremista, crea una visión de que la Casa Blanca tendría legitimidad para llevar a cabo movimientos que, incluso si están dentro del ámbito de la firma del presidente, podrían eludir el poder judicial, como las recientes deportaciones.

Las declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca sobre la decisión de Boasberg y los comentarios del “Zar de la Frontera” denotan cómo el poder ejecutivo de Estados Unidos avanza hacia una legitimación casi total del poder del presidente. En el sitio web oficial de la Casa Blanca, un artículo acusatorio contra la administración anterior utilizó la siguiente frase: “Los perdedores de las noticias falsas de CNN intentaron verificar, pero el presidente Trump tenía razón (como siempre)”. El artículo en sí trataba sobre el gasto de la administración Biden en estudios hormonales, pero las palabras y el tono acusatorio denotan la narrativa conservadora y personalista que el presidente insertó en el poder federal del país. Hace unos siglos, la llamada “Casa del Pueblo” sería prima del Palacio de Versalles.

De esta manera, el proyecto “MAGA” va ganando fuerza con esta narrativa de Trump, que utiliza órdenes ejecutivas, leyes de tiempos de guerra e incluso declaraciones de emergencia nacional para avanzar en las deportaciones y la agenda conservadora. Por ejemplo, el día que asumió el cargo, el presidente declaró una emergencia nacional en la frontera con México, lo que facilitó el despliegue de personal militar en la región. Además, el inglés fue declarado idioma oficial del país por primera vez desde su independencia del Reino Unido, orden que afectará a los 41 millones de habitantes que tienen el español como primera lengua. Cabe mencionar que, en las últimas elecciones, Donald Trump obtuvo el 42% de los votos de los votantes latinos/hispanos, contra el 56% de Kamala Harris. Aunque el candidato tenía mayoría absoluta, el resultado del republicano fue el mayor para su partido desde 2004.

Finalmente, en tal situación, hay un temor creciente en el sistema internacional ante un presidente “Sol”. El gobierno de Trump avanza gradualmente hacia un liderazgo aislado sin ningún apoyo legal ni siquiera de su propio país. Otro ejemplo de esto es el posible inicio de una guerra comercial a través de aranceles, adoptar una postura proteccionista y romper acuerdos históricos con aliados estratégicos en América Latina, como México, socavando relaciones de larga data. Desde esta perspectiva, si un presidente logra romper alianzas de larga data con países latinos, ¿qué será de un pueblo considerado extranjero en un gigante azul y rojo?

La historia cuenta que los líderes que están desconectados de la realidad de la población y que ejercen una autoridad excesiva enfrentan consecuencias drásticas. María Antonieta, esposa del rey Luis XVI, habría sellado su destino pronunciando, con desdén y sin buscar saber del pueblo, la supuesta frase: "Si no tienen pan, que coman brioche". Asimismo, la administración Trump parece haberse distanciado de las necesidades de su población, especialmente de los inmigrantes latinos, que enfrentan deportaciones rápidas basadas en leyes cuestionables del siglo XVIII. Las noticias revelan informes de personas deportadas sin un juicio adecuado y de manera violenta, intensificando el clima de inestabilidad social. Ante esto, cabe preguntarse: ¿cuánto dura un gobierno de “Sol”? ¿Está la mayor potencia del mundo al borde de una crisis política?